En el ámbito del Derecho Administrativo argentino el principio de juridicidad se erige como uno de los pilares fundamentales que rige la actuación de la Administración Pública Este principio impone que toda conducta administrativa debe ajustarse a la Constitución Nacional a las leyes y a las reglamentaciones dictadas en su consecuencia garantizando así la supremacía del orden jurídico sobre la discrecionalidad estatal El artículo 19 de la Constitución establece que ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe sentando las bases de la juridicidad como límite al poder público A su vez el artículo 28 dispone que los principios garantías y derechos reconocidos en la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que los reglamenten consolidando la subordinación del accionar administrativo al marco normativo superior La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los actos administrativos solo conservan validez si emanan de autoridad competente se dictan con causa legítima persiguen un fin público y observan el procedimiento legalmente establecido En el célebre fallo Cullen c Llerena el tribunal reafirmó que la Administración no puede actuar fuera del derecho sin comprometer la legalidad de sus decisiones y la responsabilidad del Estado por los daños que de ello resulten Por su parte la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 y su decreto reglamentario 175972 to 2017 consagran expresamente el principio de juridicidad en su artículo primero disponiendo que la Administración Pública debe ajustar su obrar a la Constitución a las leyes y al derecho vigente en general Dicha norma además prevé mecanismos de impugnación y revisión de los actos administrativos a través de recursos jerárquicos y judiciales asegurando el control de legalidad como garantía de los administrados En síntesis el principio de juridicidad asegura que el poder público actúe dentro de los límites del derecho evitando la arbitrariedad y preservando el equilibrio entre la autoridad del Estado y los derechos de los ciudadanos Su vigencia efectiva constituye una condición esencial del Estado de Derecho y un resguardo indispensable de la legalidad republicana