El Ministerio Público Fiscal de la Nación es un órgano independiente y fundamental dentro del sistema de administración de justicia, que se compone además por el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa. En su conjunto, conforman las tres partes principales en un proceso judicial. Se encuentra a cargo del Procurador o de la Procuradora General, que es propuesto/a por el Poder Ejecutivo y aprobado/a por el Congreso de la Nación. Es independiente incluso del Poder Judicial (encabezado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Esa independencia tiene sus orígenes en la Reforma Constitucional de 1994, que estableció la autonomía del Ministerio Público. El rol que les corresponde a los y las fiscales que conforman el MPF tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, está determinado en nuestra Constitución, en el artículo 120. Pero además, porque al Estado y a la sociedad les interesa particularmente que se persigan todos los delitos. Por otra parte, en las cuestiones no penales, el interés general radica en la necesidad de asistir a toda la comunidad en la defensa de sus derechos. En relación con la parte penal, el Procurador o la Procuradora a cargo del Ministerio Público Fiscal tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de los intereses generales de la sociedad. Por ejemplo, aquellos que atentan contra la vida, contra la humanidad, los vinculados al narcotráfico, a la violencia institucional, o al lavado de dinero, por mencionar algunos. Por eso es que en la estructura del MPF se conformaron unidades especializadas que tienen como fin optimizar el abordaje de ese tipo de ilícitos.